Las dificultades socioeconómicas, culturales y los nuevos riesgos sociales, se convierten en el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la enfermedad mental en la juventud. No podemos detener el surgimiento de la enfermedad mental, pero si afrontarla cuanto antes, atenderla del modo más adecuado y reducir su impacto futuro en las personas afectadas.
La precariedad estructural que padece la juventud corre el riesgo de convertirse en crónica a lo largo de la vida de esta generación y con ello lastrar su desarrollo personal, laboral y económico. A esta realidad persistente, ahora debemos añadir los efectos tremendos que está provocando la pandemia de COVID-19 en la juventud.
El horizonte de futuro se ennegrece por momentos, las expectativas económicas, laborales y sociales se frustran antes y de un modo más brusco, dando al traste con proyectos personales, familiares, de pareja. Esta realidad se está agravando día a día en un contexto de crisis general, donde corremos el
riesgo de poner el acento en unos grupos o problemas de detrimento de otros.
Sin embargo, el deterioro del entorno, la precariedad y los efectos de la COVID-19, deben ser suficiente para que el abordaje de las necesidades políticas en materia de salud mental juvenil estén sobre la mesa de los problemas políticos de mayor interés. No hacerlo no solo generará un agravamiento de patologías o problemas mentales leves que se agraven por falta de atención, sino que generará problemas y necesidades sociales en cascada.
